En qué consiste la práctica concertada y qué sanciones contempla

Las prácticas concertadas en Derecho Administrativo consisten en acuerdos no escritos entre empresas que, sin formalizarse mediante contratos, coordinan sus acciones para alterar el mercado y obtener ventajas ilegales, generalmente en detrimento de la competencia y los consumidores.

¿Qué es la práctica concertada en Derecho Administrativo?

La concertada significa que dos o más empresas colaboran de manera tácita o explícita para coordinar sus estrategias y decisiones comerciales. Aunque no siempre hay un acuerdo formal, estas acciones comparten un objetivo común: limitar la competencia. La práctica concertada puede involucrar aspectos como fijación de precios, reparto de mercado o limitación de producción. La diferencia principal con un acuerdo formal, como un contrato, radica en que la concertada generalmente no está documentada y puede ser más difícil de detectar y sancionar.

Estas prácticas pueden afectar «a toda la economía», ya que distorsionan la lógica del mercado libre, perjudican a los consumidores y favorecen a las empresas que participan en ellas. En España, la ley comprende claramente lo que significa, en términos de regulación, la práctica concertada. Se busca evitar que empresas actúen en detrimento de la competencia y que obtengan beneficios ilegales a costa de la libertad y eficiencia del mercado.

Características y ejemplos de prácticas concertadas

Las «características principales» de una práctica concertada incluyen:

• Acuerdo tácito o explícito: No siempre es formal, pero existe coordinación entre empresas.
• Voluntariedad: Las empresas eligen participar en la conducta concertada.
• Obligatoriedad o control mutuo: Aunque no hay un contrato, las empresas es probable que tengan un conocimiento mutuo de sus acciones.
• Impacto en la competencia: La finalidad es reducir o eliminar la competencia en un mercado determinado.

Ejemplos comunes de «prácticas concertadas» incluyen:

1. Fijación de precios: Empresas llegan a un acuerdo para mantener los precios en un nivel determinado, evitando competir en ese aspecto.
2. Reparto de mercados o zonas geográficas: Empresas acuerdan no competir en ciertas áreas o segmentos del mercado.
3. Limitación de producción: Se pacta reducir la cantidad producida para mantener precios elevados.

Estas conductas, aunque puedan parecer una estrategia para mantener estabilidad en cierto contexto, en realidad perjudican la competencia y, en consecuencia, a los consumidores, quienes pueden pagar precios más altos o tener menos opciones.

Marco legal y regulación en España

En España, la «Ley de Defensa de la Competencia» regula estrictamente las conductas que puedan destruir o limitar la competencia. Según esta ley, las prácticas concertadas están expresamente prohibidas y consideradas como infracciones graves debido a su impacto negativo en el mercado.

La normativa española incorpora también regulaciones europeas, ya que la Unión Europea tiene un marco legal propio para sancionar estas conductas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), principal órgano regulador en España, es responsable de vigilar, investigar y sancionar las prácticas concertadas que infrinjan la normativa vigente.

Para definir si una conducta constituye una práctica concertada, la ley analiza aspectos como la existencia de coordinación entre empresas, la influencia en el mercado y si hay una intención de eliminar o reducir la competencia.

Sanciones y multas por practicar conductas concertadas

La participación en prácticas concertadas puede acarrear sanciones económicas muy severas. La Ley de Defensa de la Competencia en España contempla multas de hasta el 10% del volumen de negocios de la empresa infractora en su último ejercicio fiscal, lo cual puede representar millones de euros en casos graves.

Además de las multas económicas, otras sanciones pueden incluir medidas correctivas, órdenes de cese de la conducta, imposiciones de obligaciones y, en algunos casos, sanciones penales si la conducta también viola otros aspectos legales, como el delito contra la ordenación del mercado.

Es importante destacar que las sanciones se aplican no solo a las empresas que participan activamente en estas conductas, sino también a quienes colaboran, facilitando o promoviendo estas prácticas.

Procedimientos de investigación y detección por parte de la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el principal ente encargado de investigar posibles prácticas concertadas. Para ello, dispone de diferentes mecanismos:

• Denuncias y reclamaciones: Cualquier persona o empresa puede denunciar conductas sospechosas.
• Programas de clemencia: Son incentivos para que las empresas confiesen su participación en prácticas ilegales a cambio de beneficios legales, como reducción de sanciones.
• Operaciones encubiertas: La CNMC puede realizar inspecciones y vigilancias secretas, entrevistas e investigaciones en el mercado para detectar irregularidades.

Estas acciones permiten a la CNMC detectar, investigar y, en caso de confirmarse las infracciones, imponer las sanciones correspondientes de manera efectiva y rápida.

Instrumentos y mecanismos de control y prevención

Para evitar que las prácticas concertadas sucedan, las empresas deben implementar ciertos mecanismos y políticas de control:

• Políticas internas de cumplimiento normativo: Programas de ética y controles internos que fomenten la competencia leal.
• Capacitación del personal: Formación en materias de competencia y conducta empresarial adecuada para evitar comportamientos ilegales.
• Auditorías y controles periódicos: Revisiones internas que puedan detectar comportamientos sospechosos o ilegales.

Estas acciones ayudan a crear una cultura empresarial responsable, respetuosa con las leyes y que promueva la libre competencia, evitando caer en prácticas ilegalmente concertadas.

Consecuencias de la participación en prácticas concertadas

Participar en este tipo de conductas no solo acarrea «multas económicas» pero también puede implicar daños importantes a la reputación de las empresas involucradas. La confianza de los consumidores, socios y mercado en general puede deteriorarse rápidamente.

Por otro lado, las empresas sancionadas enfrentan la pérdida de oportunidades comerciales, procesos legales largos y costosos, y una posible imagen dañada a largo plazo. La participación en prácticas concertadas contribuye a la distorsión del mercado, perjudicando la «eficiencia económica» y la innovación.

Además, las autoridades regulatorias pueden imponer restricciones futuras o sanciones adicionales, lo que afecta la operatividad y la estabilidad de la empresa en el mercado.

Recomendaciones para las empresas: ética y cumplimiento normativo

Para evitar incurrir en prácticas concertadas, es fundamental que las empresas promuevan una cultura de ética y cumplimiento normativo. Esto se logra a través de políticas claras, formación continua y auditorías internas que aseguren el respeto por las leyes de competencia.

Qué acciones pueden tomar las empresas:

• Implementar programas de cumplimiento: Crear sistemas internos para monitorear y sancionar conductas ilegales.
• Capacitar a los empleados: Formación en ética empresarial y legislación de competencia.
• Fomentar la transparencia: Mantener una comunicación abierta y honesta, evitando cualquier acuerdo no autorizado con otras empresas.

La clave está en actuar de forma ética y responsable, promoviendo la competencia leal y evitando cualquier conducta que pueda ser considerada como práctica concertada.

Evitar prácticas concertadas es esencial para preservar la libre competencia y garantizar un mercado justo, beneficiando a consumidores y empresas por igual. La ética y el cumplimiento son las mejores estrategias.